En estos días ha surgido un debate público acerca del uso del burka y el niqab en nuestra sociedad y he leído sobre ello opiniones y/o propuestas absolutamente divergentes. Por ejemplo, leo en el diario El País a Najat el Hachmi, que por su condición de mujer, de origen árabe y feminista, tiene una opinión con mucho criterio y emoción; y veo también las propuestas de Santiago Abascal, que en su condición de hombre, machista, islamófobo y poco amante de la tolerancia y de la democracia, tiene una opinión sesgada y de poco valor, pero como desgraciadamente estamos viendo, con mucho peso. Lo que yo diga aquí, desde luego, es otra opinión más y el lector dirá si es de alguna utilidad o no.
Creo que para poder analizar bien las cosas es necesario tomar cierta distancia, sobre todo emocional; es decir, hacer uso de la objetividad y afrontar los hechos sin prejuicios, sobre todo porque lo que hay detrás de este debate es de mucho más calado que el uso de dos prendas de vestir. Es decir, que lo primero que hay que hacer es despojar a los hechos de su connotación islámica. Lo que aquí se está debatiendo es que hay un grupo social, el que sea, que impone a sus miembros (o a algunos de sus miembros) unos ritos, una forma de vestir, o de hablar, o de callar, en algunos momentos, siempre, eventualmente, etc, y lo que se plantea es la posibilidad de que el estado restrinja, de forma parcial o total esa imposición.
Debemos partir de la base de que el debate se está planteando en y para España, país que afortunadamente es un estado democrático, social y de derecho, con una legislación a la que estamos sujetos todos los que vivimos en España, tanto ciudadanos como no ciudadanos. Por lo tanto, en lo que se está planteando debemos tener en cuenta, fundamentalmente dos cuestiones. La primera es si los integrantes de ese grupo, el que sea, lo son de forma voluntaria, y, aún más importante, si pueden abandonarlo voluntariamente cuando sus miembros lo decidan. Lo segundo es si el rito que se impone supone un acto delictivo. Evidentemente, si esta persona está en el grupo mediante algún tipo de coacción y/o el grupo realiza actos delictivos, el estado español debería actuar.
Para entendernos, si yo me hago miembro voluntariamente de un grupo en el que, en determinados momentos me tengo que poner un capirote que me cubre toda la cabeza marchando en procesión, y me puedo salir del grupo cuando quiera, no le veo ningún problema legal. Si una mujer, de forma voluntaria y sin coacción, se quiere poner, por los motivos que sea, un velo cubriéndose la cabeza, y puede dejar de hacerlo cuando a ella le apetezca, tampoco le veo problema. Sin embargo, si esta mujer tiene que vestir de esta guisa coaccionada por su marido, su padre o su hermano, lo que se está produciendo es violencia de género, un delito tipificado por la legislación española y, por lo tanto, el estado debe actuar sobre ello.
En mi opinión, el problema de que una mujer lleve burka, niqab, chador o hijab, no es que vaya contra la pureza de la raza hispana, católica, apostólica y romana, que ofenda a los patriotas de pacotilla o cosas parecidas, sino que puede esconder (como lamentablemente ocurre muchas veces) un caso de violencia contra la mujer. Y no nos engañemos, no solo ocurre entre mujeres y hombres musulmanes; hombres muy occidentales siguen ejerciendo un control sobre el cuerpo de “sus mujeres”, con coacción y violencia. Creo que prohibir el uso público de estas prendas de vestir no es el camino, ya que lo único que se conseguirá es que a estas mujeres se les impida salir de sus casas. Es evidente que para Santiago Abascal esto sería un triunfo, pero no lo sería para las mujeres que están sufriendo el problema.
Seguramente estaréis pensando que lo que yo planteo no va a resultar, ya que ninguna mujer que lleve burka va a denunciar a su marido por violencia de género. Esto también parecía inviable hace 30 años en España, y sin embargo cada vez hay más mujeres que denuncian situaciones como estas. En un estado democrático las soluciones no vienen tanto por prohibir como por educar, y sobre todo por crear contextos y ambientes favorables. Así que lo que hay que hacer, creo yo, es conseguir que todos y todas las residentes en España sepan que la ley española es de obligado cumplimiento, que el estado les ampara, que tienen derechos y obligaciones que, estoy seguro, muchas no conocen. Y para ello es también necesario que todas y todos puedan hablar y entender el idioma español, y este es un esfuerzo más que tiene que hacer el estado, facilitando la tarea a los extranjeros que no hablan nuestro idioma.
Este discurso no acaba en el burka, sino que es extensible a todos los aspectos que pueden afectar a los extranjeros que viven en España. Lo importante no es que los extranjeros se adapten a las costumbres españolas, sobre todo a las rancias. No hace falta que les guste los toros, la paella y la siesta. Pueden comer cous cous, anticuchos o fufu, y vestir como a cada cual le venga en gana o hablar en una lengua que no entendemos. Lo verdaderamente importante es que todos y todas estén sujetos a la legislación española, que sean conscientes de que esto es así, y puedan acceder fácilmente a ella. Estoy seguro de que cuando esto sea así empezaremos a notar el cambio y no tendremos que plantear prohibir el uso de ninguna prenda.
Son tantas las verdades que expones que no puedo hacer otra cosa que sumarme a tí a la hora de negarme a ser engañada. No debería tener el gobierno control alguno sobre las culturas ajenas, siempre y cuando estas no incumplan las leyes que tendrían que velar por la seguridad y el bienestar de todas las personas que están conviviendo en un mismo espacio. Es evidente lo que quiere la extrema derecha, una vez más, la mujer mejor en casa y calladita, y si es extranjera aún más. Pues bien, hagamos leyes para que salgan, para que estén protegidas, pero sobre todo, para que sean libres de hacer y decir lo que ellas quieran.
Muchas gracias Celia por tu comentario. Es necesario que entre todos desmontemos las mentiras que tratan de ocultar la verdad.